A comienzos del siglo XIV, el rey Felipe IV de Francia ejecutó una vergonzosa conjura contra los caballeros del Temple, una de las órdenes militares más poderosas de la cristiandad. Aunque su plan funcionó a la perfección en su territorio, el destino de los monjes guerreros resultó muy distinto en los distintos reinos de la Península Ibérica…

Las primeras luces del alba apenas habían comenzado a clarear en el horizonte, y el pueblo de París dormía aún plácidamente, ajena a los notables acontecimientos que estaban a punto de desencadenarse en todos los dominios del reino. Sin embargo, en el amanecer de aquel aciago 13 de octubre de 1307, no todo el mundo apuraba plácidamente los últimos momentos de descanso antes del inicio de una nueva jornada. Apenas unas horas antes, cientos de oficiales del rey, en otros tantos puntos del reino, habían procedido a abrir un misterioso sobre lacrado, firmado por el mismísimo monarca, Felipe IV el Hermoso, en el que se dictaban unas claras instrucciones: todos los miembros de la Orden del Temple en suelo francés debían ser detenidos, sin dilación, ese mismo día, y sus bienes confiscados hasta nuevo aviso, pues, según el monarca, los célebres caballeros habían cometido terribles pecados que atentaban contra la fe cristiana: herejía, sodomía y prácticas idólatras.

En París, el objetivo principal era la Torre del Vieux Temple, sede principal de la Orden, donde además se custodiaba el tesoro real. Los agentes del rey, dirigidos por Guillermo de Nogaret, consejero real y canciller del reino, detuvieron al instante a todos los hermanos que allí se encontraban –incluido al Gran Maestre, Jacques de Molay, que todavía dormía en sus aposentos– y confiscaron todos los bienes y propiedades. La maniobra había sido realizada con tanto sigilo y de forma tan sincronizada, que las fuerzas policiales de Felipe el Hermoso apenas hallaron resistencia. Una escena que se repitió en todo el territorio francés, donde una tras otra, encomiendas y bailías templarias fueron cayendo sin opción a la defensa. Al final del día, en torno a un millar de templarios –contando caballeros, sargentos y miembros inferiores de la orden– habían sido detenidos por los hombres del rey, y todos sus bienes confiscados. El plan, urdido con paciencia e inteligente determinación durante tres largos años, había salido según lo previsto por el monarca y sus consejeros Nogaret y Plaisians. El fin de los monjes guerreros del Temple, la orden militar más poderosa de la cristiandad, había iniciado su irremediable cuenta atrás…

Dibujo de la antigua fortaleza del Temple en París.

HISTORIA DE UNA CONJURA
Las razones que llevaron al monarca francés a urdir aquella compleja maniobra contra la Orden del Temple han sido analizadas con detalle en decenas de ensayos a lo largo de las últimas décadas. Parece ser que la delicada situación económica de Felipe IV, asfixiado por enormes deudas, fue uno de los motivos determinantes de la traición, pues ansiaba con apoderarse de las riquezas del Temple. En cualquier caso, de lo que no hay duda es que el plan comenzó a tramarse en el año de 1305. Ya con anterioridad, y tras la pérdida de los territorios de Tierra Santa, el Temple había sufrido numerosas críticas y no pocas acusaciones de avaricia, ambición y acumulación de riquezas. Sin embargo, a partir de ese año de 1305 surgieron rumores mucho más graves, que acusaban a los miembros de la orden de cometer pecados de herejía, adoración de ídolos y practicar la sodomía. Con la ayuda de sus dos mejores y serviles consejeros –Nogaret y Plaisians–, el rey comenzó a reunir en secreto todas aquellas acusaciones contra los templarios, con la esperanza de poder, más pronto que tarde, asestar un golpe mortal contra la orden y apropiarse de sus bienes.

Busto de Felipe IV el Hermoso. Crédito: Wikipedia.

Ese momento llegó en 1307, y tras disponer todo con una precisión maquiavélica, el rey actuó contra los templarios sin consultar al pontífice, Clemente V, argumentando que con su proceder pretendía proteger los intereses de la Santa Madre Iglesia y que había seguido las indicaciones del inquisidor general de Francia. Cumplido el objetivo inicial –la detención de los templarios franceses–, Felipe IV puso en marcha la segunda parte de su plan, iniciando su maquinaría diplomática para obtener una actuación similar por parte del resto de los monarcas europeos. Apenas tres días después del inicio de la traición, el monarca hacía enviar sendas cartas a sus colegas de los distintos reinos cristianos de Occidente, explicando las razones de su actuación e invitando a sus iguales a proceder del mismo modo. Cuando las increíbles noticias de la detención y acusaciones contra los templarios fueron llegando a los distintos monarcas, la primera reacción fue de incredulidad y ninguno de ellos –a excepción de un caso concreto, como veremos– siguió los consejos del rey de Francia.

En la Península Ibérica, el único monarca en seguir al pie de la letra las indicaciones de Felipe IV fue el rey de Navarra, Luis Hutin. Una respuesta lógica, pues el rey navarro era el hijo primogénito de Felipe el Hermoso. De este modo, y apenas diez días después de la actuación contra los templarios franceses, Luis Hutin ordenaba la detención de los monjes guerreros presentes en sus dominios, así como la incautación de todos sus bienes. La medida, ejecutada el 23 de octubre, tuvo una consecuencia inesperada: la detención de tres templarios aragoneses que habían acudido en auxilio de sus hermanos navarros, tras haber llegado a sus oídos lo ocurrido en territorio galo. Al descubrir lo sucedido, el monarca aragonés, Jaime II, mostró su profundo malestar al rey navarro, y le exigió la inmediata liberación de todos los templarios detenidos, aunque sólo logró la libertad de los tres caballeros llegados de encomiendas aragonesas.

EL DESTINO DE LA ORDEN EN LA CORONA DE ARAGÓN
Para entonces, Jaime II ya había recibido la misiva enviada por Felipe el Hermoso, pero se negó a actuar contra los caballeros, respondiendo el 17 de noviembre con una misiva en la que recordaba los nobles y valiosos servicios que los templarios habían realizado en defensa de la fe, la cristiandad, y la Corona de Aragón. Sin embargo, y a pesar de esta inicial y sincera defensa de Jaime II, el rey aragonés procuró reunir todas las informaciones que llegaban desde Francia, y esperó una aclaración expresa por parte del Papa. Mientras tanto, los templarios de la Corona de Aragón, conscientes del peligro que se cernía sobre ellos, se habían reunido en capítulo a finales de octubre en la fortaleza de Miravet, donde tomaron la decisión de solicitar ayuda a Jaime II y reforzar la defensa de sus fortalezas, en previsión de que las hasta entonces favorables circunstancias dieran un giro inesperado. Ante la petición de auxilio de los templarios de su reino, el monarca aragonés contestó que debía escuchar al consejo regio antes de dar una respuesta, pero intentó tranquilizarles asegurando que no iba a tomar medida alguna mientras no recibiera una orden expresa por parte de la Iglesia.

Antiguo grabado representando la ejecución de Jacques de Molay.

Mientras se desarrollaban todos estos sucesos, la máquina inquisitorial astutamente manejada por Felipe el Hermoso trabajaba sin descanso, obteniendo numerosas confesiones de los templarios franceses, quienes, bajo crueles torturas y con la promesa de su liberación sin confesaban las acusaciones, comenzaron a reconocer en masa buena parte de los cargos que se les imputaban. Por su parte, el pontífice, Clemente V, había recibido con gran malestar la actuación unilateral de Felipe IV, lo que suponía un desafío al poder papal. Sin embargo, su primera medida firme no llegó hasta el 22 de noviembre, cuando emitió la bula Pastoralis Praeminentiae, en la que ordenaba a todos los monarcas cristianos la detención de los templarios y la confiscación de sus bienes mientras se aclaraban las acusaciones vertidas en contra de la orden. Aquella decisión parecía respaldar la actuación del monarca francés, aunque en realidad era un intento desesperado del pontífice por recuperar las riendas de la situación.La bula fue enviada a los distintos monarcas, y fue entonces cuando muchos de ellos comenzaron a actuar, a pesar de que hasta entonces habían ignorado las sugerencias de Felipe el Hermoso.

Mientras, en la Corona de Aragón Jaime II seguía sin recibir noticias del pontífice y, cada vez más nervioso, comenzó a valorar la posibilidad de actuar por su cuenta, pese a su inicial defensa de los caballeros. No en vano, seguir el ejemplo francés suponía hacerse con las valiosas posesiones que el Temple tenía en en sus dominios. Fue así como la idea terminó tomando forma y, animado por el inquisidor de Aragón, el 1 de diciembre –y sin haber recibido aún la bula papal–, Jaime II ordenó la detención de todos los templarios ubicados en sus reinos. La medida cogió por sorpresa a buena parte de ellos, incluido el maestre provincial, frey Ximeno de Landa, que se encontraba en la casa de la orden en Valencia. Poco a poco, las posesiones y fortalezas templarias de la Corona fueron cayendo sin remedio: Peñíscola, Chivert, Burriana… Muchos miembros destacados de la orden, como el comendador de Peñíscola, que intentó huir en barca ocultando su identidad bajo un disfraz, fueron detenidos y confinados en distintos lugares. Sin embargo, un grupo de caballeros que habían tomado mayores precauciones lograron atrincherarse en sus castillos, iniciando una resistencia que, en varios casos, llegaría a prolongarse durante meses. Así ocurrió, por ejemplo, en los castillos de Miravet, Ascó, Monzón, Libros, Chalamera, Cantavieja o Villel. Tras sus muros, algunos caballeros lograron resistir los intentos de arresto, en muchos casos gracias a la ayuda brindada por civiles que unieron sus espadas a las de los monjes guerreros.

Vista de Miravet, en cuya fortaleza lograron resistir algunos templarios. Crédito: Wikipedia.

El monarca aragonés intentó convencer a los templarios atrincherados de que depusieran su actitud para no verse obligado a hacer uso de la fuerza, pero la terquedad de los audaces monjes guerreros, mostrando una gran determinación al saberse inocentes y víctimas de una conjura, hicieron oídos sordos al requerimiento real. Sólo con el paso de los meses, y con el inevitable aumento de las penurias tras los muros de las fortalezas, éstas fueron cediendo una tras otra. En la primavera de 1309, meses después de iniciadas las hostilidades, se rendían, finalmente, los últimos bastiones templarios: los castillos de Monzón y Chalamera. Con su rendición, todos los templarios de la Corona de Aragón habían sido al fin detenidos.

Durante un tiempo, y hasta la puesta en marcha de la comisión pontificia que debía resolver la cuestión sobre su inocencia o culpabilidad, los templarios aragoneses –a diferencia de sus hermanos franceses–, habían recibido un trato benevolente. Sin embargo, tras el comienzo de dicha comisión los caballeros fueron amarrados con grilletes y, durante el transcurso de la misma –entre julio de 1309 y el verano del año siguiente– se les interrogó y torturó sin piedad con la intención de arrancarles una confesión. Pese al trato inhumano y vejatorio y al uso del potro para que confesasen sus faltas, ni uno solo de los templarios aragoneses reconoció los pecados, reafirmándose una y otra vez en su inocencia. Finalmente, el Concilio de Tarragona dictaminó, ya en 1312, que los caballeros de la Corona de Aragón eran inocentes de todos los cargos. Una vez obtenida su libertad, el destino de aquellos hombres fue dispar; algunos se unieron al Císter o a la futura Orden de Montesa (ver siguiente artículo), mientras que otros se reintegraron a la vida civil.

En cuanto a los bienes que poseía la orden en la Corona, su destino fue dispar. Tras el Concilio de Vienne, en el que se disponía la disolución definitiva del Temple, se decidió que todas sus posesiones pasaran a manos de la Orden de San Juan del Hospital, y así ocurrió en buena parte de los reinos de Occidente. En Aragón esta regla se cumplió en parte, pese a las aspiraciones de Jaime II en sentido contrario, pues a excepción de los bienes del Temple en el reino de Valencia –que heredaría la Orden de Montesa–, el resto quedó en manos de los freires del Hospital.

MALLORCA Y CASTILLA
Si en Navarra Luis Hutin había ejecutado la detención de los caballeros con celeridad, siguiendo el ejemplo de su padre, en el reino de Mallorca y el Rosellón, territorios en manos del ‘otro’ Jaime II (1243-1311), el monarca decidió esperar a la llegada de la bula papal, y las órdenes de detención y confiscación de bienes se emitieron ya entrado el mes de diciembre de 1307.

En Castilla, sin embargo, el desarrollo de los hechos fue bien distinto. Tras recibir la misiva enviada en octubre de 1307 por Felipe el Hermoso, el rey Fernando IV no concedió ninguna credibilidad a las acusaciones. Sólo tras recibir la bula papal dictada contra los templarios decidió actuar, aunque con una más que notable tibieza. En ningún momento dio orden de detener a los caballeros –que siguieron gozando de libertad de movimientos pese a las órdenes pontificias–, e incluso llegó a un acuerdo con el maestre provincial, Rodrigo Yáñez, para que éste hiciera entrega pacífica de las posesiones. Sin embargo, algunos templarios castellanos siguieron el ejemplo de sus hermanos aragoneses y, tras hacerse fuertes tras los castillos de Fregenal de la Sierra y Puente de Alcántara, presentaron resistencia a los hombres del rey. En la primera de las fortalezas fueron desalojados por las milicias de Sevilla a finales de 1308, mientras que en la segunda lograron resistir durante algo más de tres meses, seguramente auxiliados por sus hermanos del reino de Portugal. En cualquier caso, y salvo una excepción –seis monjes de Toledo fueron apresados– todos los miembros del Temple en tierras castellanas gozaron de libertad, para desagrado de Clemente V, que veía ignoradas sus órdenes por parte del monarca castellano. Además, Fernando IV, más preocupado por su enfrentamiento contra infieles de Granada, ignoró también los requerimientos papales sobre las posesiones templarias, haciendo uso de ellas a su antojo. La fortaleza de Fregenal de la Sierra, por ejemplo, fue concedida tras su captura a un particular, y en el caso de Capilla, se vendió a la Orden de Alcántara por la respetable suma de 130.000 maravedíes. En otros casos, el rey castellano ni siquiera se molestó en capturar los bienes templarios, pues en la primavera de 1310 los monjes guerreros todavía conservaban en sus manos los castillos de Alcañices y Alba de Aliste.

Vista del castillo de Fregenal de la Sierra. Crédito: Wikipedia.

Mientras tanto, y con el Concilio de Vienne a punto de comenzar, los templarios de Castilla todavía circulaban con libertad por el reino. No sería hasta el 27 de abril de 1310 cuando fueron convocados a Medina del Campo, y ni siquiera entonces acudieron todos. Durante los días que duraron los interrogatorios los templarios fueron retenidos bajo custodia, pero después fueron puestos de nuevo en libertad. Finalmente, el concilio celebrado en Salamanca para dictar su veredicto determinó que, al igual que sus hermanos de Aragón, los templarios castellanos eran inocentes de los cargos que se les imputaban, quedando por tanto libres y sin castigo, aunque sus bienes recayeron temporalmente en manos de la Corona.

ANEXO
EL REFUGIO PORTUGUÉS
Si Fernando IV de Castilla se había mostrado muy condescendiente con los templarios –para irritación del papa Clemente V– y sólo actuó en lo referido a sus posesiones, el caso del reino de Portugal fue aún más llamativo.

El monarca, Dinís I (1279-1325) ignoró desde un primer momento las órdenes de capturar a los caballeros e incautarse de sus bienes. El rey portugués consideró que lo más apropiado era esperar a que se tomara una decisión final sobre el destino de la orden y sus bienes, así que mientras esta llegaba –cosa que no ocurrió hasta 1312–, los templarios circularon a su antojo por el reino, como si lo ocurrido en Francia y otros lugares de Europa hubiera sido sólo un mal sueño. Cuando finalmente se declaró la disolución total del Temple, Dinís reclamó para sí el derecho a hacer uso de las posesiones templarias, empleando ante el pontífice el argumento de que buena parte de ellas habían sido en origen donaciones reales. Pocos años después, y aprovechando el grueso de las antiguas fuerzas templarias portuguesas y sus dominios, el monarca propiciaría la creación de la Orden de Cristo, que quedaría al servicio total de la Corona.

Entradas relacionadas:

-Templarios en España

-Los herederos del Temple

La disolución de la Orden del Temple tuvo como consecuencia la disputa por los bienes hasta entonces en manos de los monjes guerreros. Mientras en el resto de Occidente estas propiedades recayeron en los hospitalarios, en los reinos peninsulares su destino fue dispar, propiciando en varios casos la aparición de un nuevo fenómeno: la creación de órdenes militares “monarquizadas”.

Tras el inicio de la conjura contra los templarios iniciada por Felipe IV en octubre de 1307 (ver artículo anterior), y la detención y tortura de la mayor parte de sus miembros en los distintos reinos cristianos de Occidente, la “estocada” final contra la orden de los pobres caballeros de Cristo se produjo en el Concilio de Vienne (1311-1312) durante el cual se emitieron distintas bulas papales que pretendían zanjar de una vez por todas el incómodo incidente. El 22 de marzo de 1312, Clemente V promulgaba la bula Vox in excelso, mediante la cual se anunciaba la disolución total de la Orden del Temple y, poco después, en el mes de mayo, la bula Ad providam intentaba dar solución al problema de la “herencia” de los bienes templarios, anunciando que, como solución general, pasarían a formar parte de la Orden de San Juan del Hospital. Una resolución que se cumpliría a rajatabla en la práctica totalidad de los reinos cristianos, con una única excepción: la de ciertos reinos hispánicos de la Península Ibérica.

Jacques de Molay, el último gran maestre del Temple. 

En apenas cinco años, el Temple había pasado de ser una de las órdenes militares más poderosas de la cristiandad –su extensión e influencia sólo encontraba rival en la Orden del Hospital–, con numerosas y ricas posesiones en todos los reinos cristianos y un importantísimo patrimonio económico –no en vano fueron los primeros banqueros y prestamistas de Occidente–, a desaparecer por completo de la peor de las formas: envuelta en acusaciones de herejía y otros graves pecados. De poco sirvió que las “pruebas” presentadas por sus enemigos no sirvieran para demostrar las graves acusaciones. Cientos de aquellos monjes guerreros –especialmente los que se encontraban en territorio francés– murieron a causa de las terribles torturas a las que fueron sometidos durante los interrogatorios, o bien perecieron devorados por las llamas cuando defendieron tercamente su inocencia. Ese fue, precisamente, el triste final del último Gran Maestre de la orden, Jacques de Molay, quien tras haberse mostrado como un débil líder en sus últimos años al mando, terminó dando muestras de coraje al renegar de su inicial confesión y defender su inocencia y la de sus hermanos. Un último arranque de valor y orgullo que le costó la muerte en marzo de 1314, ardiendo en medio de las llamas de una hoguera dispuesta en el centro de París, cerca de la hermosa catedral de Nôtre-Dame.

EL NACIMIENTO DE LA ORDEN DE MONTESA
Aunque como ya hemos dicho, el Concilio de Vienne establecía que por decreto general los bienes del Temple debían pasar a manos del Hospital, esa norma tuvo una excepción en los reinos peninsulares, donde el destino del patrimonio templario quedaba pendiente de resolución a la espera de negociar con los distintos monarcas de la península.

Todo parece indicar que en esta notable excepción tuvo una gran importancia el papel desempeñado por el monarca de la Corona de Aragón, Jaime II, quien supo realizar un importante despliegue diplomático a través de sus embajadores, primero con el papa Clemente V y, tras la muerte de éste en abril de 1314, con su sucesor Juan XXII.

La postura pontificia de retrasar una decisión sobre los bienes del Temple en la península pudo deberse –además de la apropiada actuación del rey aragonés–, a las especiales circunstancias que se vivían en los reinos hispánicos: los territorios peninsulares contaban con la presencia de varias órdenes militares autóctonas y, por otro lado, seguía existiendo en nuestros suelos un notable peligro encarnado en la presencia musulmana que seguía resistiendo en el sur, manteniendo la necesidad de una cruzada para culminar la ansiada Reconquista.

Cruz de la Orden de Montesa. Crédito: Wikipedia.

En cualquier caso, y con la intención de resolver el engorroso asunto lo antes posible, el papado solicitó a los monarcas hispánicos que enviaran sus respectivas embajadas para negociar la cuestión. En el caso de Mallorca y el condado del Rosellón, dominios en manos del rey Sancho I (1311-1324), la cuestión se resolvió por sí sola, pues el monarca no envió a sus embajadores y, pasado el plazo estipulado, el papa entregó las posesiones templarias de aquellos territorios al Hospital, siguiendo la decisión general establecida en Vienne.

El caso de la Corona de Aragón fue bien distinto. Jaime II pretendía evitar a toda costa que los antiguos bienes del Temple recayeran en manos hospitalarias, lo que habría supuesto un notable fortalecimiento de los dominios señoriales de la orden en territorios de la Corona, que eran ya de por sí bastante notables. Además, la Orden de San Juan era de carácter internacional, lo que podía suponer un escollo importante en algunas de las aspiraciones en la política exterior de la Corona. Por otro lado, Jaime II aspiraba a dar forma a una nueva orden que sirviera a sus propósitos y acatara sus órdenes, reduciendo así el poder de la propia Iglesia y de algunos nobles.

Por estos motivos, no es de extrañar que el monarca aragonés se apresurara en buscar un embajador que velara por sus ambiciones. Así, en febrero de 1316 el rey nombró a Vidal de Vilanova como defensor de los intereses de la Corona de Aragón ante la curia pontificia. Jaime II había planeado dos opciones para lograr sus objetivos: la primera de ellas consistía en la creación de una nueva orden militar, inspirada en la regla de la de Calatrava, aunque independiente de ésta; la segunda opción era similar, aunque suponía el establecimiento de los propios calatravos en los territorios aragoneses, aunque con la peculiaridad de que debería contar con un maestre propio, una maniobra de Jaime II para asegurarse que no se produjeran intromisiones por parte del reino de Castilla, pues la orden tenía allí su origen.

Vista de Peñíscola desde la antigua fortaleza templaria. © Javier García Blanco / Istockphoto.

Finalmente, las negociaciones –en las que participaron el embajador Vilanova, el visitador general del Hospital, Leonardo de Tibertis y varios miembros de su orden– alcanzaron un acuerdo en 1317. El 10 de junio de aquel año, el papa Juan XXII emitió una bula por la que se daba carta de fundación a la nueva Orden de Santa María de Montesa, que debía regirse por la regla calatrava y cuya misión –al menos en teoría– sería defender las fronteras ante las posibles incursiones musulmanas. Aunque la solución no cumplía todas las aspiraciones de Jaime II –la nueva orden no iba a establecerse en toda la Corona, sino únicamente en el reino de Valencia–, no resultó del todo negativa. La nueva orden recibiría todas las posesiones templarias existentes en el reino valenciano, además de la mayoría de los bienes que la Orden del Hospital tenía allí, por lo general antiguas fortalezas musulmanas –a excepción de la casa principal de los sanjuanistas en la ciudad de Valencia–, así como el monasterio y villa de Montesa, donada por el rey, y que pasaría a convertirse en cuartel general de la nueva orden. Estas donaciones se concentraban principalmente en la zona norte del reino de Valencia, en lo que es hoy la provincia de Castellón y especialmente la comarca del Maestrazgo. Entre las posesiones que pasaron a manos de la nueva orden se encontraban fortalezas como las de Peñíscola, Xivert, Cervera, Vilafamés o Pulpis, además de numerosas alquerías musulmanas y multitud de tierras. Por otra parte, la relación de Montesa con la ya extinta Orden del Temple no se redujo a la recepción de sus posesiones valencianas sino que, en sus inicios, buena parte de sus miembros resultaron ser antiguos templarios que, tras haber sido declarado inocentes, decidieron seguir ejerciendo como monjes guerreros en el seno de la milicia valenciana.

En compensación de las pérdidas en el reino de Valencia, la Orden de San Juan del Hospital recibía a cambio la práctica totalidad de las posesiones templarias existentes en el reino de Aragón y los territorios catalanes. Este último punto de la negociación fue sin duda el menos provechoso para Jaime II, pero aún así había logrado parte de sus intenciones: menguar el poderío del Hospital y, lo que era más importante, asistir a la creación de una nueva orden militar que terminaría quedando bajo las directas riendas de la monarquía, lo que constituía un importantísimo instrumento político.

Aunque el nacimiento de la Orden de Montesa quedaba establecido mediante la bula papal de 1317, su constitución no se hizo efectiva hasta dos años después, el 22 de julio de 1319, cuando durante un acto celebrado en Barcelona al que asistieron el rey, el abad de Santes Creus y el comendador de la orden de Calatrava en Alcañiz, el noble Guillen de Erill –propuesto directamente por Jaime II– fue investido como primer Gran Maestre de la Orden de Santa María de Montesa. El mandato de Erill sería muy breve, pues falleció ese mismo año, pero su muerte sirvió para evidenciar que la nueva milicia estaba bajo la influencia directa de la monarquía aragonesa. Aunque en la teoría Montesa debía estar bajo la supervisión de los calatravos castellanos, lo cierto es que el hecho de que Jaime II consiguiera colocar a un hombre de su confianza, Arnau de Vilanova, como nuevo maestre, suponía una demostración de la servidumbre de la orden a la monarquía. Una autonomía que se haría aún más evidente con el paso del tiempo, y en especial tras su reconocimiento en 1321 por parte de la Orden del Císter.

Recreación del aspecto de un caballero calatravo. Crédito: Wikipedia.

Entre los argumentos empleados por el embajador aragonés ante la delegación pontificia que debía decidir sobre el destino de los bienes templarios, se había citado con insistencia la necesidad de defender las fronteras de la Corona, y en concreto las del reino valenciano, no sólo por la cercanía de los dominios islámicos del sur, sino también por la presencia de una nutrida población musulmana en el interior del propio reino. En realidad, la población musulmana existente en aquellos años en el reino de Valencia apenas alcanzaba el cinco por ciento del total, por lo que difícilmente suponía peligro alguno. Se trataba, sin duda alguna, de una excusa más de Jaime II para lograr sus objetivos de crear una nueva milicia que quedara bajo su control. Una evidencia indiscutible de este punto lo encontramos en el hecho de que las posesiones y fortalezas de Montesa se concentraban, precisamente, en los lugares más alejados de las zonas bajo riesgo de ataque musulmán. En este sentido, la comarca con mayor peligro eran las tierras dellá Xixona y, curiosamente, éstas quedaban bajo la protección de castillos en manos de nobles laicos del sur, sin que Montesa jugara papel alguno en su defensa.

El nulo papel defensivo de la nueva orden quedó de manifiesto durante los primeros años de su existencia. En 1331 y 1332, el caudillo musulmán Ridwan atacó los enclaves cristianos de Guardamar y Elche, y en 1337 se produjo un terrible saqueo en Benissa, en el que tomaron parte musulmanes del reino de Valencia y los temibles benimerines del norte de África. Los freires de Montesa, pese a su supuesta misión defensiva en aquellos territorios, no participó en ninguno de los ataques mencionados.

De hecho, habría que esperar hasta el año de 1339 –veinte años después de su constitución oficial–, para asistir a la primera participación montesina en una defensa del territorio valenciano. En aquellas fechas, el rey Pedro el Ceremonioso (1319-1387) hizo reunir a todas las órdenes militares para defender las peligrosas tierras dellà Xixona frente a un posible ataque musulmán. En aquella ocasión, el entonces maestre de Montesa, frey Pere de Tous, acudió a la llamada real enviando cincuenta caballeros dispuestos para la batalla. La siguiente participación activa de los montesinos se produciría en 1342, cuando el rey volvió a convocar a las órdenes ante el temor de que el sultán de Marruecos pudiese intentar un ataque contra el reino valenciano. Ya en las postrimerías del siglo, hacia 1384, los musulmanes de Granada realizaron numerosas incursiones en distintos enclaves valencianos, atacando enclaves como Alcoy, Alicante o Paterna. Ante aquellos asaltos, se decidió que el maestre de Montesa dirigiera una galera que patrullara las costas del reino. Una misión que, sin embargo, nunca llegó a materializarse.

Por el contrario, y ante la tímida función de la orden como defensora de los territorios de la Corona frente al enemigo musulmán, Montesa jugó un papel más destacado en enfrentamientos de mayor interés para la Corona, dejando en evidencia su carácter de orden “monarquizada” y al servicio de los intereses del rey. Durante la guerra con Castilla –conocida como Guerra de los dos Pedros–, el Ceremonioso convocó a la orden para que defendiera algunos de los territorios que su adversario Pedro el Cruel reclamaba para Castilla.

EL FRACASO DE CASTILLA
Frente al relativo éxito de la Corona de Aragón en sus aspiraciones por hacerse con las antiguas posesiones templarías de su territorio, el caso de Castilla supuso un fracaso rotundo en este sentido. En el artículo anterior ya explicábamos que algunas de las fortalezas de los templarios habían sido vendidas a nobles laicos –como Fregenal de la Sierra– o a otras órdenes, como sucedió con Capilla, que quedó en manos de la Orden de Alcántara. Sin embargo, el resto de las posesiones, al igual que sucedía en los otros reinos hispánicos, quedó pendiente de la resolución papal.

Emblema de la Orden de Alcántara. Crédito: Wikipedia.

Para desgracia de la corona castellana, esta decisión pontificia coincidió con la minoría de edad de Alfonso XI (1312-1325), que había recibido la corona tras la muerte de su padre, Fernando IV. Fueron años difíciles para Castilla, envuelta en luchas por la sucesión y enfrentamientos con las fuerzas musulmanas. Estas circunstancias negativas impidieron el envío de embajadores ante el Papa para velar por los intereses castellanos en relación con el patrimonio templario. Cuando Alfonso XI alcanzó la mayoría de edad y se dispuso a reclamar sus derechos ya era demasiado tarde. El monarca castellano, en un intento de seguir el ejemplo aragonés, quiso dar vida a una nueva orden militar, sustentada en los antiguos bienes del Temple, que quedara íntimamente vinculada a la monarquía. Sin embargo, la respuesta de Juan XXII, emitida en 1331, fue negativa. El pontífice tenía argumentos de sobra para rechazar la propuesta: por un lado, el reparto de los bienes templarios había sido decidido años atrás, y un cambio de decisión supondría un grave perjuicio para los sanjuanistas, receptores de buena parte del patrimonio; por otra parte, el Papa reforzó su negativa apoyándose en la nula funcionalidad que habían demostrado las órdenes de nuevo cuño surgidas en Aragón (Montesa) y Portugal (donde se fundó la Orden de Cristo, como veremos un poco más tarde). Sin duda, Juan XXII no iba a repetir el error cometido en estos dos reinos peninsulares, donde las nuevas órdenes habían demostrado ser únicamente instrumentos al servicio del poder real, escapando cada vez más a los intereses de la Iglesia.

A pesar de este primer fracaso, la monarquía castellana realizó un nuevo intento años más tarde, cuando Juan I (1379-1390) propuso al papa Clemente VII de Aviñón (el papado se encontraba ya inmerso en el célebre Cisma de Occidente) la creación de una nueva orden militar que, bajo el nombre de San Bartolomé, tendría como finalidad defender los territorios próximos al Estrecho de Gibraltar, entonces bajo control de los temibles benimerines del norte de África. Se trataba, por tanto, de una orden de carácter naval, que patrullaría las aguas cercanas a Tarifa, la que debía ser su base. El papa Clemente vio con buenos ojos la iniciativa, e incluso emitió una bula en la que autorizaba la creación de la orden en 1388. Sin embargo, y por causas desconocidas, tal y como explica Enrique Rodríguez-Picavea en Los monjes guerreros en los reinos hispánicos (Ed. Esfera de los Libros, 2008), parece que la Orden de San Bartolomé nunca llegó a convertirse en una realidad.

LA ORDEN DE CRISTO
Durante el penoso proceso contra los templarios, el rey portugués, Dinís I, ya había dejado bien clara su postura. Los monjes guerreros de sus territorios no sólo no fueron detenidos, sino que tampoco se confiscaron sus posesiones. El monarca luso decidió esperar a que todo se aclarase antes de actuar, a pesar de las claras órdenes dictadas por el papa Clemente V. Un caso verdaderamente singular, que no se repitió en ningún otro reino cristiano.

Cuando finalmente la disolución del Temple fue una realidad, Dinís I siguió una táctica similar empleada a la de Jaime II, aunque con mucho mayor éxito, como veremos. El rey portugués argumentó que el traspaso de los bienes templarios a la orden sanjuanista supondría una gran dificultad en su reino, y además destacó el notable acoso que ejercían los musulmanes en muchos puntos de su territorio. Como solución, el monarca propuso a Juan XXII la creación de una nueva orden, a la que cedería la fortaleza de Castro Marim, en el Algarve, con la intención de defenderse de los hipotéticos ataques sarracenos.

Convento de Tomar, antigua sede del Temple, y más tarde enclave de la Orden de Cristo. Crédito: Wikipedia.

La diplomacia portuguesa resultó más efectiva que la aragonesa, pues en 1319, el pontífice aprobaba la creación de la nueva Orden de Cristo, que recibía todos los bienes templarios portugueses. En la misma bula de creación se citaba a Gil Martins, antiguo maestre de la Orden de Avis, como nuevo maestre de la recién nacida orden. A todos los efectos, sin embargo, la Orden de Cristo no era sino una remodelación del Temple portugués, pues además de que conservaba todos sus bienes, la mayor parte de sus hombres eran antiguos templarios. De hecho, incluso el atuendo de los monjes cristeños recordaba en exceso al de los templarios, con hábito blanco únicamente decorado con una cruz roja sobre el pecho, a la que se añadió una blanca más pequeña en la parte central.

Si en el caso de Montesa la servidumbre a la monarquía había sido bastante disimulada, al menos en un principio, en el caso de la Orden de Cristo la propia bula de fundación mencionaba explícitamente que los nuevos freires se sometían por vasallaje al monarca luso. Dinís había logrado todos sus objetivos: conservó para sí –aunque indirectamente– los bienes del Temple, y contó desde ese momento con una orden militar dispuesta a servir de instrumento político del reino. Una buena prueba de ello fue que la fortaleza de Castro Marim, la que supuestamente iba a ser sede de la nueva milicia, nunca llegó a utilizarse como tal. En su lugar, los maestres de Cristo se trasladaron a Tomar, uno de los primeros y más importantes bastiones templarios de Portugal. Con los años, la devoción de la orden hacia los reyes portugueses fue en aumento, como evidencia el hecho de que se reconociera al rey como auténtico fundador y patrón de la misma. No en vano, la mayor parte de los grandes maestres de Cristo fueron, en su mayoría, hombres afines a la Corona.

Un siglo más tarde, en 1420, la Orden de Cristo tuvo como Gran Maestre al infante don Enrique, más conocido como El Navegante, por lo que aumentaron aún más sus lazos con la monarquía. El hermano del rey invirtió buena parte de las riquezas de la orden en la exploración y conquista de nuevos territorios allende los mares y, de hecho, los navíos portugueses que protagonizaron la floreciente etapa de los descubrimientos, portaban en sus velas la cruz roja y blanca de la Orden de Cristo. Una aventura marítima que convertiría a Portugal en una de las grandes potencias mundiales. Pero esa ya es otra historia…

ANEXO
BREVE HISTORIA DE LAS ÓRDENES MILITARES PENINSULARES
Aunque la presencia en los reinos peninsulares de las órdenes militares “universales” como el Temple y el Hospital fue notable desde poco después de su creación, las peculiares circunstancias de la Península, escenario de otra cruzada contra los musulmanes durante los siglos que duró la Reconquista, propiciaron la aparición de órdenes militares autóctonas.

El germen de las mismas habría que buscarlas en el nacimiento de algunas cofradías de caballeros, como la de Belchite y la de Monreal, creadas por Alfonso I el Batallador para servir de defensa de los territorios recuperados tras la conquista de Zaragoza. Dichas cofradías, aunque carecían de reglas monásticas y estaban formadas por laicos, fueron el caldo de cultivo de las futuras órdenes peninsulares.

La primera de todas ellas fue la Orden de Calatrava. La fortaleza de Kalaat-Rawa, tomada por Alfonso VII de León a los musulmanes, y ubicada al sur de Toledo, había sido donada a los templarios para su defensa pero éstos se declararon incapaces de conservarla ante la presión almohade. Tras la “deserción” templaria, el rey Sancho III de Castilla la cedió a un grupo de monjes cistercienses de Fitero, a los que se unieron algunos laicos y varios templarios. Poco después, en 1164, el papa Alejandro III dictó una bula en la que se confirmaba la regla de la nueva Orden, que recibiría el nombre de la fortaleza.

En 1176, el monarca leonés Fernando II concedía en una carta los bienes del lugar de San Julián del Pereiro –hoy en suelo portugués– a un tal Gómez, que sería el primer fundador de aquella casa. Ese mismo año, el papa puso a la nueva orden del Pereiro bajo su protección, y siete años después, el nuevo pontífice, Lucio III, les encomendó la defensa de la cristiandad. Ya en el siglo XIII, tras la victoria de Las Navas de Tolosa, se tomó posesión de Alcántara, cedida inicialmente a la Orden de Calatrava. Sin embargo, el maestre de la misma la cedió a los caballeros de San Julián, que a partir de entonces tomarían el nombre de Orden de Alcántara.

Algunos años antes, en 1211, el monarca portugués había arrebatado a los sarracenos la fortaleza de Avis, y dos años después se instaló allí una pequeña cofradía, que terminaría tomando el nombre de la fortaleza en 1223: había nacido la Orden de Avis.

Cruz de la Orden de Santiago. Crédito: Wikipedia.

Según la tradición el nacimiento de la Orden de Santiago se remontaba al siglo X, con la finalidad de proteger los peregrinos que se dirigían a Compostela. En realidad, la orden nació en Cáceres, después de que Fernando II conquistara la plaza y la cediera a una cofradía conocida como “Hermanos de Cáceres”. Fue en 1171 cuando el arzobispo de Compostela acordó con dicha cofradía la protección de sus posesiones en aquel lugar y, a cambio, les ofrecía la protección de Santiago y el honor de portar su estandarte. Fue así como en 1175 terminaría creándose su regla, a pesar de que los caballeros de Santiago habían tenido que abandonar Cáceres –recuperada por los musulmanes–, estableciéndose en Castilla.

La victoria de Las Navas de Tolosa y la expansión de Castilla por Andalucía propiciaron también la aparición de otra orden, la de Santa María de España. La corona castellana pretendía defender el Estrecho de Gibraltar para aislar al reino de Granada de sus aliados en el norte de África, los benimerines. Para ello, Alfonso X decidió crear esta orden, que tenía un carácter puramente naval, con sedes especiales en cuatro puertos distintos: Cartagena, La Coruña, San Sebastián y Puerto de Santa Maria. Años más tarde, a finales del siglo XIII, la orden terminó fusionándose con la de Santiago.

Otras órdenes menores fueron la de Montjoie o Montegaudio, fundada en torno a 1174, y que una década después se dividió en dos ramas, una aragonesa y otra castellana. La primera de ellas se fusionaría con el Temple en 1196, y la segunda haría lo propio con la de Calatrava en 1221. También a comienzos del siglo XIII, Pedro II fundó la Orden de San Jorge de Alfama, que tenía como misión proteger las costas catalanas de los ataques de piratas musulmanes.

Entradas relacionadas:

-Templarios en España

Una serie de documentos recientemente desclasificados por los Archivos Nacionales del Reino Unido ha puesto de manifiesto que el ejército del Tercer Reich planeó utilizar armas químicas y biológicas durante una posible invasión de las islas británicas.

Los informes en cuestión fueron redactados en su día por el Ministerio de Seguridad Nacional y otros servicios de inteligencia, y en ellos se detallaba cómo la Alemania nazi valoró seriamente la posibilidad de emplear estas sustancias en caso de una eventual invasión del Reino Unido, que nunca llegó a producirse. Según los documentos, Alemania estaba plenamente preparada para llevar a cabo este plan, en un principio destinado contra tropas enemigas, aunque tampoco se descartaba su uso contra civiles. Esas mismas informaciones explican que los alemanes tenían previsto acusar falsamente a los británicos de utilizar armas químicas cómo excusa para lanzar su ataque.

Mapa con los detalles de la operación ‘León marino’. Crédito: Wikipedia.

Al parecer, las páginas desclasificadas detallan cómo los alemanes trasladaron grandes cantidades de productos químicos desde fábricas en territorios ocupados, e incluso aportan datos de testigos directos. Entre estos últimos se cuenta el relato de un oficial del ejército sueco, quien observó un cargamento de gas preparado para ser enviado a bases alemanes. Además de sustancias químicas, los nazis también valoraron la posibilidad de utilizar armas biológicas como el ántrax, que aparece mencionado en algunos documentos fechados entre 1939 y 1941. Afortunadamente, la invasión del Reino Unido por Alemania, bautizada con el nombre código de Operación León Marino (Unternehmen Seelöwe en alemán) fue postpuesta en septiembre de 1940, y finalmente cancelada por Hitler en enero del año siguiente.

Fuente: Nazis ‘planned gas attack’ during UK war invasion (BBC News)